Cuatro décadas de abandono en inversión social tienen consecuencias directas sobre el aumento de la criminalidad y la saturación del sistema de justicia en Costa Rica. Así lo advirtió la magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, quien señaló que el deterioro educativo y la falta de oportunidades laborales empujan a cientos de personas hacia el crimen organizado.
Patricia Solano explicó que la población penitenciaria refleja con claridad ese abandono histórico: hombres jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 30 años, que nunca concluyeron la educación secundaria y que hoy permanecen en prisión en plena edad productiva.
«Al haberse dejado de invertir en lo social, por supuesto que gran parte de la población penitenciaria está conformada por hombres que, en su mayoría, no han concluido la educación secundaria y tienen entre 18 y 30 años. Están en una edad productiva y permanecen en prisión. ¿Y por qué se llega en muchas ocasiones a esto? Porque dejamos de educar, dejamos de hacer la promoción social por la que se distinguió Costa Rica», detalló Patricia Solano.
La magistrada fue enfática en separar responsabilidades: la inseguridad que enfrenta el país no es, en su criterio, un problema que le corresponda resolver al Poder Judicial.
Patricia Solano sostuvo que la función judicial consiste en aplicar las leyes una vez que el hecho delictivo ya ocurrió, es decir, cuando las barreras de contención que le competen al Poder Ejecutivo ya fallaron. La prevención, recalcó, es una obligación constitucional del Ejecutivo.
Comedores, becas y empleos: lo que se dejó de hacer
Para Patricia Solano, el abandono de herramientas concretas como los comedores escolares, las becas estudiantiles y las oportunidades laborales de calidad tiene un efecto en cadena sobre la movilidad social.
Cuando esas puertas se cierran, argumentó la magistrada, el resultado es una oleada de delincuencia difícil de controlar. Y esa delincuencia termina por desbordarse sobre un sistema judicial que no fue diseñado para absorber esa demanda en solitario.
El dato más reciente del Estudio de Opinión Sociopolítica del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica respalda la gravedad del diagnóstico: la inseguridad ciudadana y la delincuencia son, según ese sondeo, el principal problema percibido por la población costarricense.
Alta litigiosidad: hasta por «arrugar la cara»
Más allá de la criminalidad, Patricia Solano identificó un segundo factor que desborda al sistema: la alta litigiosidad de la sociedad costarricense. Los tribunales reciben conflictos que, en su criterio, no requieren una instancia judicial para resolverse.
«Se acude a los juzgados contravencionales o al Ministerio Público a veces casi porque alguien me arrugó la cara. Entonces venimos a que el diferendo se resuelva en los tribunales de justicia», ejemplificó Patricia Solano.
Los números confirman esa tendencia. Entre el año anterior y los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 42.528 nuevos expedientes contravencionales, cifra que representa cerca del 5% de todos los asuntos que ingresan al Poder Judicial.
En el mismo período, en materia civil ingresaron más de 36.000 expedientes nuevos, mientras que en los juzgados y tribunales contencioso-administrativos se abrieron 16.000 casos adicionales.
A eso se suma la enorme carga que generan los procesos de cobro judicial —como los relacionados con tarjetas de crédito y otras obligaciones— que representan el 65% de los ingresos generales del Poder Judicial y absorben una proporción desproporcionada de recursos institucionales.
El informe Estado de la Justicia 2025 ya lo anticipaba
El informe Estado de la Justicia 2025 advirtió que la creciente conflictividad social —que incluye el aumento de la violencia, el crimen organizado y el cibercrimen— impulsa un incremento preocupante en la cantidad de asuntos judiciales.
Según ese informe, la falta de opciones laborales y acceso a educación de calidad eleva el riesgo de que las personas cometan delitos o sean víctimas de ellos, lo que a su vez presiona aún más al sistema penal.
A ese volumen se agregan los conflictos derivados de accidentes de tránsito, pensiones alimentarias, violencia doméstica y cobros judiciales, todos con impacto directo en la cantidad de casos nuevos que ingresan cada año.
El mismo informe señaló que la baja utilización de mecanismos de resolución alternativa de conflictos y de justicia restaurativa reduce las posibilidades de llegar a acuerdos antes de iniciar un proceso formal, lo que traslada aún más casos al sistema penal.
«Dejamos de hacer la promoción social por la que se distinguió Costa Rica», insistió Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
