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El Congreso de la República concluyó en segundo y definitivo debate el segundo presupuesto extraordinario del año 2023, que permitió el traslado de ₡4.100 millones al Ministerio de Seguridad para implementar el programa “Costa Rica Segura”. Esta aprobación incluye partidas destinadas a la contratación de 300 nuevos policías y recursos para la adquisición de equipo y mantenimiento de unidades, entre otras medidas.
Originalmente, el Poder Ejecutivo había solicitado ₡6 mil millones para el programa, pero el Congreso rechazó ₡1.900 millones de esa cantidad, proponiendo recortarlos del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública en la partida de transporte estudiantil.
La justificación para este recorte limitará la controversia entre los legisladores. Una vez de ellos, seis del Frente Amplio y cinco de Liberación Nacional, votaron en contra del segundo debate argumentando que no debería haber una dicotomía entre invertir en Seguridad o en Educación.
La diputada Sofía Guillén del Frente Amplio dijo que “invertir en Educación es una forma de invertir en la seguridad, formación y desarrollo del futuro de los estudiantes”.
De los ₡4.100 millones destinados a Seguridad, ₡2.800 millones provendrán del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras que los restantes ₡1.300 millones serán recortados del presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), que se mantuvieron en la modificación .
El diputado José Joaquín Rojas de Liberación Nacional justificó parte de su bancada, argumentando que “si bien no es recomendable recortar fondos a Educación, la situación de seguridad en Costa Rica es dramática y requiere una respuesta urgente”.

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